El Consejo General de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria insta a la regulación urgente de la actividad de intermediación inmobiliaria

El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España insta a regular de manera urgente la actividad de intermediación inmobiliaria con el fin de ordenar el sector, homologar a los agentes inmobiliarios capacitados con un registro público y generar así una mayor confianza entre los ciudadanos. El presidente de la entidad, Diego Galiano, asegura que esta regulación reportaría enormes ventajas en protección de consumidores y usuarios, con mayor seguridad en la fase de negociación previa a la intervención notarial y registral. “Todo ello ayudaría a la reactivación del mercado inmobiliario en España”, afirma.

El presidente del Consejo General ha realizado esta reivindicación en el foro Inmociónate 2015, donde ha asegurado que el objetivo es evitar las malas praxis en el ejercicio de la intermediación inmobiliaria. “Con esta regulación ganaríamos todos: mayor transparencia e información a los ciudadanos, mayor seguridad precontractual, y mejora de la imagen de los agentes inmobiliarios, dignificando además nuestra actividad. Además se reducirá la litigiosidad, se recaudaría más fiscalmente y se evitara la publicidad engañosa”, señala. En este sentido, Galiano expresa que la necesidad de regulación es urgente, porque el ciclo inmobiliario está cambiando y están volviendo a operar multitud de corredores sin ningún control.

Además, Galiano deja claro que esta petición de regulación no tiene nada que ver con el intervencionismo o entorpecer el libre mercado, sino que sólo pretende ordenar el sector y racionalizarlo. “La intermediación inmobiliaria es una actividad sin regulación a pesar de su enorme importancia por tratar con viviendas. Un mercado sin normas no es un mercado más libre, sino un mercado más inseguro”, apunta. “Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria estamos convencidos de que se puede alcanzar una competitividad ordenada a través de un marco jurídico que sea aplicable a todos. Si se establece una regulación que dote de obligaciones a los agentes y garantice la transparencia en la gestión y los servicios, estaremos protegiendo a los consumidores y usuarios, lo que supondría un salto cualitativo en el sector”, manifiesta.

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