El Consejo General API reclama una legislación estatal urgente para regular el mercado del alquiler

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), como profundos conocedores del mercado de la vivienda repartidos por toda España, hacen sonar la alarma ante el escenario actual del alquiler en las grandes ciudades e islas. El presidente del colectivo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Diego Galiano, alerta de que ya hay miles de familias que no pueden ni comprar ni alquilar vivienda, “con una escalada desproporcionada de rentas y con expulsión de inquilinos del alquiler tradicional”.

En este sentido, consideran que el informe publicado del CGPJ sobre el aumento de los desahucios por impagos de rentas se corresponde con el crecimiento exponencial que desde el inicio de la crisis en 2008 viene teniendo el régimen de alquiler de vivienda. “Hemos asistido a una década histórica de un mercado de alquiler imparable y con velocidad de crucero. Era cuestión de tiempo que los desahucios por impago de rentas superase a los desahucios hipotecarios”, señala Galiano.

Una parte importante de la población alquila por necesidad, ya que no pueden acceder a la compra de vivienda al no disponer de estabilidad laboral ni ahorro; otros por circunstancias estudiantiles, laborales o familiares que les lleva a tener residencias alternativas temporales;  y un tercer grupo por deseo propio, jóvenes sin ataduras, tecnológicos,  emancipados que viven de forma independiente sin voluntad de hipotecarse por miedo a lo que ocurrió en el pasado.  “Esa elevada demanda latente de alquiler choca con la escasez de oferta, tanto pública como privada, y choca con los intereses mercantiles de grandes tenedores de vivienda”, explica el presidente del Consejo General API.

Para impulsar la oferta, sólo cabe la intervención administrativa actuando con decisión, por un lado ampliando los parques públicos de vivienda con urgencia, y, por otro, promoviendo condiciones fiscales favorables e incentivos para propietarios particulares con viviendas vacías, previo censo fiel del número de vivienda desocupada por áreas geográficas. Los grandes tenedores, por cuestión del volumen que manejan, deben tener normas distintas y especiales vinculadas con el gravamen fiscal.

La realidad es que España se enfrenta a un gran problema de vivienda para atender la demanda de alquiler. “Los poderes públicos están obligados a fomentar las condiciones necesarias para cubrir esta necesidad ciudadana y para humanizar el alquiler con seguridad y fiabilidad, y ello sólo se conseguirá con un gran Pacto de Estado por la Vivienda, sin intereses partidistas, y solo con el foco puesto en el ciudadano”, manifiesta Diego Galiano.

Los API reivindican su papel como garantes de la transparencia y de la seguridad inmobiliaria de los ciudadanos. “No podría entenderse la promulgación de una Ley de Vivienda que debe facilitar el acceso seguro, responsable y transparente de los ciudadanos a la vivienda, sin contar con los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y sin poner orden y control en un sector desregulado”, indica.

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