Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria piden medidas fiscales que incentiven la oferta de alquiler y rechazan sanciones a las viviendas vacías

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria piden medidas fiscales que incentiven la oferta de alquiler y rechazan sanciones a las viviendas vacías. En este sentido, los API están colaborando con el Ministerio de Fomento para conseguir un mercado equilibrado del alquiler de vivienda  y evitar la espiral ascendente descontrolada de las rentas. Responsables del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria se han reunido con la Secretaria General de Vivienda del Ministerio de Fomento, Helena Beunza, en un encuentro en el que han abordado la anunciada nueva normativa de vivienda y, en concreto, la problemática del precio del alquiler en España.

De esta forma, el Presidente del Consejo General API, Diego Galiano, y el Tesorero, Manuel Rodríguez, pusieron sobre la mesa la necesidad de que exista una fiscalidad favorable al arrendador tradicional para conseguir  más oferta privada en el mercado y bajar los precios de la renta del alquiler. “La ventaja fiscal es una seria motivación para que los propietarios de viviendas vacías las pongan en el mercado y puedan cumplir su función social. Por el contrario, las medidas limitadoras de rentas o coercitivas sobre propietarios de pisos vacíos pueden resultar arbitrarias, perturban las leyes del mercado libre y fomentan la economía sumergida”, indica el presidente del Consejo General API.

El colectivo profesional API, con el respaldo que ofrecen sus 4.000 colegiados ejercientes en toda España, propone una serie de medidas en el arrendamiento de vivienda para equilibrar este mercado y hacerlo seguro y fiable. En palabras de Diego Galiano, “estamos obligados todos a humanizar el alquiler de vivienda”.

1.- Fiscalidad favorable al arrendador sometido a la LAU y al alquiler tradicional. Entre otras posibilidades fiscales, los API apuntan algunos ejemplos con viabilidad. Al momento de la venta de la vivienda, todo aquel que haya destinado su propiedad al alquiler LAU durante unos años determinados, podría tener una exención de la variación patrimonial en IRPF, total o parcial. También podría estudiarse distribuir el esfuerzo fiscal entre las administraciones, y así, al momento de la compra de la vivienda, las CCAA podrían reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, o su devolución parcial posterior, si el comprador acredita haberla destinado a alquiler tradicional durante un determinado tiempo. La acreditación del alquiler se haría solo con el depósito de las fianzas.

2.- Seguridad jurídica. Junto a la ventaja fiscal, la otra razón que limita la oferta son los  miedos de los arrendadores a no percibir su legítima renta, a sufrir daños en sus viviendas, o la demora en recuperar la posesión. La solución pasa sin duda por agilizar aún más los procesos judiciales de desahucios, en común acuerdo con las comunidades autónomas de las que dependen los recursos técnicos y humanos. Rapidez procesal no es quitar garantías de defensa. Además, juegan un papel determinante los seguros de impagos, y por esta vía se podría incentivar también a los propietarios.

3.- Parque público de viviendas. La oferta de vivienda pública es decisiva. Es también la solución más lenta, pues durante el proceso de recesión inmobiliaria y financiera desaparecieron por completo las grúas del sector público, y ya vamos tarde. “Atención a los grandes tenedores de vivienda pública, pues cuando la vivienda pierde su función social se convierte en un mero activo patrimonial objeto de negocio. En vivienda pública no puede permitirse nunca la especulación”, incide Galiano.

4.- Duración del contrato y garantías adicionales. La mayor duración del contrato mínimo obligatorio a 5 años dará más estabilidad familiar al inquilino, logrará que las viviendas se mantengan en el circuito de alquiler tradicional por más tiempo, y podrá combatirse así el incremento alocado de las rentas. También cabría poner límite equilibrado a las garantías adicionales a la fianza, evitando abusos de sobrefianzas desproporcionadas, y asegurar siempre la devolución de la misma al inquilino conforme a su fin legal.

5.- Profesionalidad en el sector. La autosuficiencia en materia inmobiliaria es peligrosa pero, aun así, gran parte de las transacciones y negocios inmobiliarios están en manos privadas. Hay que poner el foco de atención en el “acceso” a la vivienda, el cual se ha convertido en un riesgo para el ciudadano. “La mejor manera de proteger a los consumidores y usuarios es con la intervención, asesoramiento, apoyo y responsabilidad de los agentes inmobiliarios cualificados de este país”, señala Galiano, y añade que “se hace preciso poner orden y control en el sector de la intermediación y gestión inmobiliaria, y este nuevo proyecto de Ley de vivienda parece una buena oportunidad para crear un marco jurídico y un registro obligatorio de agentes que reúnan las condiciones mínimas exigibles”.

Con ello, el alquiler también saldría beneficiado, pues los profesionales registrados deberían asumir obligaciones y responsabilidades como preservar la seguridad jurídica en los alquileres, garantizar el equilibrio entre los contratantes, asesorar durante toda la relación arrendaticia, depositar las fianzas y recuperarlas en su momento para mayor seguridad de su devolución al inquilino.

6.- Censo de viviendas vacías. Ninguna medida podrá aplicarse si se desconoce la cuantía del objetivo y si no queda perfectamente definido el concepto de vivienda desocupada. La información que ofrecen las empresas suministradoras y su cruce con las fianzas depositadas de alquiler, deberían dar una aproximación al volumen de vivienda vacía en este país. El control de todas las fianzas es sin duda el núcleo de la cuestión para obtener información y realizar análisis certeros.

En definitiva, los API solicitan un gran pacto de estado sobre la vivienda defendiendo su función social, debiendo ser declarada la vivienda como bien de interés general que necesita de especial protección en su acceso seguro y en su tenencia pacífica.

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